Por medio de un comunicado publicado el día de hoy el Consejo Regional Wixarica condeno enérgicamente la detención arbitraria de Pedro Hernández Delgado, líder de “policía comunitaria" en el municipio del Nayar,Estado de Nayarit.
Al Congreso Nacional Indígena,
A los pueblos y gobiernos del mundo,
A las organizaciones de derechos humanos,
A los medios de comunicación,
A la opinión publica:
Tepic, Nayarit (Mayo 4, 2015).- Hace unos días nos enteramos a través
de los medios de comunicación sobre la detención de nuestro compañero
Pedro Hernández Delgado, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales
de la comunidad indígena náyeri de Santa Teresa, municipio del Nayar,
Nayarit; así como de Lamberto Santiago Gutiérrez, Vidal Carrillo
Carrillo, Julián Santiago Rodríguez y Carmelo Rodríguez Castañeda, Juez y
policías auxiliares del poblado de Las Guacamayas de esa misma
comunidad indígena.
Nos alarma ser de nueva cuenta víctimas de
las injusticias de un gobierno represor que no permite el ejercicio de
un derecho legítimo de los pueblos y comunidades indígenas quienes, en
busca de encontrar soluciones a las diversas problemáticas que aquejan a
los habitantes de esa comunidad indígena de la sierra del Nayar,
acordaron al amparo de sus usos y costumbres y en Asambleas Generales de
Comuneros la creación de un grupo de vigilancia como defensa ante la
tala ilegal de sus bosques, al cual designaron como “policía
comunitaria”, aun cuando convinieron reiteradamente que dicho grupo de
vigilancia no portaría ni emplearía armas de fuego.
Repudiamos
enérgicamente que a nuestros compañeros Pedro Hernández Delgado,
Lamberto Santiago Gutiérrez, Vidal Carrillo Carrillo, Julián Santiago
Rodríguez y Carmelo Rodríguez Castañeda se les imputen falsamente cargos
por el delito de asociación delictuosa por el simple hecho de que en
febrero pasado anunciaron la intención de conformar la “policía
comunitaria” de Santa Teresa y denunciaron los abusos perpetrados
cotidianamente por los policías municipales y estatales en contra de su
comunidad. Asimismo, denunciamos que durante la incriminación, detención
y reclusión de nuestros compañeros se han cometido diversas
irregularidades y violaciones a sus derechos fundamentales, ya que se
les procesa sin la investigación correspondiente y en plena transgresión
a las garantías al debido proceso y defensa adecuada puesto que,
injustificadamente, se les negó el beneficio a la libertad bajo caución
por un delito no grave y ni siquiera estuvieron asistidos por un
defensor que conociera su lengua y costumbres, cuando es su derecho
humano elemental en términos de lo dispuesto por nuestra Constitución y
los tratados internacionales, fundamentalmente en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo. De igual manera, denunciamos el
abuso de poder ejercido directamente por la Fiscalía General del Estado
de Nayarit en contra de nuestras comunidades; ésta, lejos de procurar
justicia, la violenta provocando terror a través de la Policía Nayarit
cuyos miembros, amparados en el anonimato puesto que actúan con el
rostro cubierto, con total impunidad y sin restricción alguna golpean,
intimidan y torturan a cuanta persona es detenida por órdenes de sus
superiores.
Los pueblos y comunidades indígenas estamos hasta la
madre de tantas injusticias del gobierno que no atiende ni entiende las
necesidades elementales de nuestro pueblo; estamos hartos de ir y vagar
por cuanta oficina del Gobierno de Nayarit, el autonombrado “Gobierno DE
LA GENTE”, sin que en ningún lugar encontremos respuesta a nuestras
peticiones; ni siquiera encontremos a uno solo de los nuestros
atendiéndonos en la lengua, mucho menos a algún abogado indígena que nos
defienda. Esto no lo encontramos en ninguna parte llámese gobierno
municipal, estatal o federal. Seguimos en el mismo abandono
gubernamental de siempre. Entonces, ¿qué nos queda?, ¿qué nos dejan?,
¿tomar las calles para manifestarnos?, ¿o actuar como nuestros
compañeros de la comunidad de Santa Teresa del Nayar, que cansados de
tanta extorsión, robo, y abandono decidieron organizarse para asumir la
protección de su misma comunidad, ejerciendo así un derecho legalmente
reconocido y fundamentado en nuestra Carta Magna? Los pueblos indígenas
sabemos tomar las medidas legalmente válidas para ejercer los derechos
que nos corresponden. En este sentido, reivindicamos el derecho a la
autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas,
particularmente “para decidir sus propias formas de organización
política y social”, consagrado en el Artículo 2° Constitucional, así
como en los Tratados Internacionales en materia de protección a los
derechos humanos de los pueblos indígenas, normatividad que las
autoridades ignoran, o que aún conociéndola, no tienen el mínimo interés
en acatarla.
Ante esta nueva escalada de injusticia y violencia,
las organizaciones indígenas y no indígenas nos unimos en contra de
estas acciones de la autoridad y enérgicamente manifestamos que:
EXIGIMOS respeto a la integridad física y la inmediata liberación de
nuestros compañeros PEDRO HERNANDEZ DELGADO, LAMBERTO SANTIAGO
GUTIÉRREZ, VIDAL CARRILLO CARRILLO, JULIÁN SANTIAGO RODRÍGUEZ Y CARMELO
RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, y les sea reconocida su condición de presos
políticos;
EXIGIMOS que el gobierno federal y del estado de
Nayarit respete las decisiones tomadas por la Asamblea General de
Comuneros de Santa Teresa, Municipio del Nayar, y deje de criminalizar a
sus representantes con motivo de la formación de su “policía
comunitaria” NO ARMADA.
CONVOCAMOS a las instituciones públicas y
a las organizaciones nacionales e internacionales que protegen derechos
humanos y a las enfocadas en derechos indígenas, para que se unan a
esta manifestación de rechazo a las políticas de exclusión, racismo y
abuso de autoridad. Quienes nos oponemos a estas políticas, mañana o
pasado mañana podemos terminar muertos, presos o bien desaparecidos,
como parece ser que se acostumbra para acallar las voces que contradicen
los intereses de grupo;
HACEMOS UN LLAMADO AL DIALOGO dirigido
al gobierno federal y estatal. A la fecha no hemos recibido de su parte
ninguna señal de acercamiento; no sólo han permanecido sordos a nuestras
demandas de justicia sino que han endurecido su aparato represor para
intentar desarticular cualquier forma de organización social. Pero
también, y por lo anterior, PEDIMOS LA INTERVENCION DE LA COMISION
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAD PARA LOS DERECHOS HUMANOS, DEL CONGRESO DE LA UNION,
para detener el terrorismo del aparato judicial nayarita en contra de
nuestras comunidades indígenas que solamente están defendiendo su
territorio y su vida.
Por lo anterior;
SOLICITAMOS LA URGENTE
INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE
LA GRAVEDAD DEL RIESGO EN QUE SE ENCUENTRA CUALQUIER DEFENSOR DE SUS
DERECHOS, INDÍGENA O NO, DE SER PRIVADO DE SU LIBERTAD DE MANERA ILEGAL
COMO ES EL CASO DE NUESTROS COMPAÑEROS PRESOS.
¡ALTO A LA REPRESIÓN, ALTO A LA INJUSTICIA!
¡PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS!
ATENTAMENTE
CONSEJO REGIONAL WIXARIKA
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